A raíz del debate sobre la despenalización del consumo de drogas y la revisión de la ley 23.737 en su totalidad, Fabián Chiosso, sociólogo, presidente de la Federación de Organismos No Gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas (FONGA) y responsable general de la Comunidad Terapéutica Santa Clara de Asís, nos pone en contexto y nos cuenta las falencias de la ley actual y sus expectativas para la reforma.
¿Qué situaciones han ido conduciendo al planteamiento de una reforma de la ley de drogas y a su consecuente despenalización?
Fabián Chiosso: Las transformaciones socioeconómicas que se dieron en los ‘90 en nuestro país generaron, a partir del cambio de siglo, un nuevo escenario, con una modificación profunda de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. A esto se le sumaron las consecuentes mutaciones en las prácticas relacionadas con el consumo de sustancias y la consolidación de la exclusión como fenómeno estructural de nuestra organización socioeconómica. Estos factores, junto con la emergencia de nuevas sustancias, como el paco y las drogas de síntesis, y problemáticas como la ludopatía, los niños y niñas de corta edad consumidores, una mayor frecuencia de cuadros psiquiátricos asociados, entre otras, hicieron necesario un replanteo de la manera de pensar el problema de las adicciones. Esto abrió un campo de debate teórico, político e ideológico que constituyó el marco en el cual se plantea la reforma de la actual ley de drogas.
Esta situación se observa también a nivel internacional y se describe básicamente como la crisis de un paradigma, que durante más de tres décadas, fue la referencia fundamental para la elaboración de políticas públicas y el diseño de estrategias de abordaje del problema de las drogas.
Durante tu exposición en la Comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados dijiste que el sistema público de atención a las adicciones más grande de América Latina, el de la Prov. de Buenos Aires, está prácticamente desmantelado. ¿Por qué ocurrió esto?
FC: No lo digo yo. Esta situación se está planteando desde muchos sectores. ¿Cómo se llega a una situación tan crítica? Es difícil saberlo. Hace varios años que venimos planteando nuestra preocupación al respecto. La Provincia tiene una experiencia enorme en cuanto al papel del Estado en la prevención y asistencia de las adicciones. Creemos que hoy se torna estratégico recuperar ese recorrido y transformarlo en un modelo posible de trabajo. Y sumar en este camino a las provincias que han desarrollado importantes programas preventivos y comunitarios y que están dando respuestas de calidad. Este es el proceso de construcción participativa de políticas públicas que reclamamos desde la Federación. Un proceso que abre muchos caminos de cara al futuro inmediato.
¿Qué tipo de asistencia pública requiere un adicto?
FC: Los programas de asistencia -ya sea que pertenezcan al sector público, privado o de las ONG’s- deben ofrecer un abanico amplio de dispositivos terapéuticos y garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos. También deben cumplir con los principios de integralidad, de manera de dar cuenta de la multiplicidad de dimensiones que presentan las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias, e integración, es decir, pensar la asistencia en conjunto con la prevención y la promoción de la salud. Además, deben articular los tres sectores que mencioné anteriormente.
Por otro lado, no se debe identificar atención pública con atención estatal, ya que esto puede llevar a construir una mirada reduccionista que margine una gran cantidad de recursos que hoy conforman el complejo sistema real de atención de las adicciones en nuestro país. Por supuesto, y esto me gustaría destacarlo, que el marco ético y filosófico de las práctica preventivas y de atención a las personas debe incluir los principios fundamentales del respeto por la persona humana, consagrados en todas las convenciones y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y Salud Mental.
Brevemente, ¿Qué plantea el documento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llamado “La Renovación de la Atención Primaria en la Salud”, que FONGA considera un modelo estratégico de asistencia?
FC: La OPS plantea que el sistema de salud en su conjunto “incluye a los sectores público, privado y sin fines de lucro, y es aplicable para todos los países”. Y señala especialmente que no se prescriben a priori determinados servicios de salud ni tipos específicos de personal para la atención, éstos deben constituirse de acuerdo con los recursos disponibles en cada lugar, respetando las preferencias culturales y la evidencia disponible.
Nuestro país cuenta hoy con una extensa red de servicios y recursos de diverso orden. Creemos que la estrategia de atención apropiada sería aquella que logre articularlos de manera orgánica, transformando todo lo que sea necesario en función de estándares compartidos de calidad y buenas prácticas.
Se está planteando la despenalización del autocultivo, ¿Cuál es el riesgo?
FC: La propuesta de despenalizar el autocultivo y la producción de drogas para consumo personal se presenta extremadamente confusa. Especialmente si uno piensa en el impacto en términos simbólicos que esto puede tener en los niños y adolescentes. La lógica desde la que se fundamenta este punto en los diferentes proyectos puede aplicarse a cualquier tipo de plantas utilizadas para producir estupefacientes. Con lo cual, llevado este razonamiento a un extremo, cualquier adolescente podría producir su propio clorhidrato de cocaína, siempre que sea para consumo personal.
En los argumentos que fundamentan estos puntos no se contempla el tema de las edades. Con lo cual se corre el riesgo de entrar en contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En su artículo 33 sostiene: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de estas sustancias”.
En la Federación entendemos que la cuestión del autocultivo y la producción para consumo personal se ha planteado, de manera indirecta, tal vez, desde el modelo del cultivo de cannabis y se ha generalizado a todas las sustancias.
¿Cuáles son las falencias más importantes de la ley 23.737?
FC: Visto desde el momento actual, creo que el problema central fue colocar cuestiones que tienen su origen en el campo de la salud y de las relaciones sociales en el marco de la justicia penal.
¿Qué expectativas tenés sobre la reforma?
FC: En principio, que todos los sectores que estamos relacionados directamente con el tema de las drogas podamos tener una participación activa. Cuestión que comenzó a tomar forma recién cuando fuimos convocados a la última audiencia que realizó la Comisión de Prevención de las Adicciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Y en segundo término, que logremos generar una legislación clara y apropiada para la etapa que estamos viviendo. Que no responda sólo a una coyuntura política sino que aporte a la construcción de una política de Estado a largo plazo, que nos represente a todos y que realice un aporte real a la solución de un problema que se torna cada día más dramático. Hay demasiadas vidas en juego.